Los residuos agropecuarios y agroindustriales, lejos de considerarse un descarte, comienzan a ser pensados como insumos estratégicos para nuevos procesos productivos. Bajo ese paradigma se consolida la economía circular, un enfoque que busca desacoplar crecimiento económico y consumo de recursos finitos mediante estrategias de reutilización, reciclaje, reparación y valorización de materiales. 

En línea con este enfoque, surge el concepto de biorrefinería como una alternativa transformadora: convertir los flujos de residuos en energía, materiales y productos de valor agregado. Se trata de instalaciones integradas que procesan biomasa y residuos mediante diferentes tecnologías de conversión para generar múltiples productos, contribuyendo a sistemas más sostenibles.   

Alcanzar este tipo de innovación requiere de una comprensión profunda del territorio. Solo a partir de una mirada integral es posible desarrollar soluciones que puedan ser efectivamente adoptadas por el sector agroalimentario. Esta perspectiva fue compartida por el Dr. Sergio Ponsá, director del Centro Tecnológico BETA (Universidad de Vic–Universitat Central de Catalunya, España), en el marco del intercambio entre especialistas argentinos y españoles que se realizó en el V Simposio de Residuos Agropecuarios y Agroindustriales y el IX SIGERA, organizados por INTA y Sociedade Brasileira dos Especialistas em Resíduos das Produções Agropecuária e Agroindústria (SBERA).   

Ponsá destacó que la implementación real de la economía circular depende de reconocer las particularidades de cada territorio y de trabajar junto a los actores locales. En este sentido, subrayó la importancia de una investigación “con los pies en el territorio”. Por un lado, porque permite identificar los desafíos concretos; por otro, porque facilita la construcción de vínculos con quienes serán los usuarios finales de las innovaciones. “Si no se conocen los problemas del territorio ni a los actores, es muy difícil generar impacto. El éxito en la transferencia tecnológica depende de la co-ejecución de proyectos con quienes luego los van a aplicar”, señaló el especialista.   

En modelos de innovación orientados a la transición circular, el territorio deja de ser contexto para convertirse en parte del proceso. La experiencia del Centro Tecnológico BETA demuestra que los mejores resultados se obtienen cuando el trabajo se inserta en la dinámica local. Cada territorio presenta características propias: necesidades específicas, infraestructura disponible, condiciones logísticas, entramado social y sectores productivos particulares.   

Desde esta mirada, también resulta clave repensar las propuestas de valor. Cualquier innovación dirigida al sector privado debe ser económicamente viable y ajustarse a su modelo de negocio, o bien dar lugar al desarrollo de uno nuevo acorde a sus necesidades. Durante años se trabajó con una visión limitada, centrada únicamente en la empresa, indicó el especialista. Sin embargo, el éxito de la innovación no depende solo de ella, sino de un entramado más amplio que incluye a los proveedores (aguas arriba), la logística y los distribuidores (aguas abajo), el contexto territorial, el usuario final, las regulaciones vigentes y futuras, y la percepción social.   

Es necesario avanzar hacia propuestas de valor integrales que contemplen de manera integrada las dimensiones sociales, ambientales, tecnológicas, regulatorias y económicas. “Debemos generar beneficios para todos los actores del sistema. Si alguno queda afuera, se convierte en un obstáculo para lograr un impacto sostenible a largo plazo”, afirmó Ponsá.   

La ciencia como organización de frontera  

En este proceso, la ciencia ocupa un rol estratégico. Más allá de la generación de publicaciones, congresos o tesis, los centros de investigación tienen la capacidad de producir evidencia que contribuye a la toma de decisiones en políticas públicas. Sin este respaldo, es frecuente que se implementen regulaciones desalineadas con el estado actual del desarrollo tecnológico o del mercado.   

Por ejemplo, pueden existir tecnologías maduras que permitan producir con altos estándares de calidad, pero que no estén habilitadas por normativas obsoletas. Actualizar estas regulaciones requiere evidencia científica que demuestre que los riesgos son bajos y los beneficios, significativos.   

Desde el INTA se impulsa el fortalecimiento de capacidades de los equipos de investigación para comunicar resultados con base científica mediante policy briefs, una herramienta que acerca conocimiento técnico a los tomadores de decisiones y contribuye a la construcción de políticas públicas basadas en evidencia. 
 
En contextos de creciente complejidad, ese rol posiciona a los centros de investigación como organizaciones de frontera, espacios capaces de articular actores con intereses, lenguajes y lógicas diferentes, promoviendo soluciones más robustas y sostenibles. La ciencia debe constituirse como puente entre el sector público y el privado. 

En el sector agropecuario, ese desafío resulta especialmente visible porque conviven conocimiento científico formal y saberes construidos desde la práctica productiva. Integrar ambas dimensiones puede mejorar decisiones y evitar efectos no previstos. Ponsá mencionó como ejemplo el caso de Europa donde la prohibición de ciertos pesticidas, sin alternativas igualmente eficaces, generó impactos no previstos en los sistemas productivos. Para el especialista, estos casos muestran la necesidad de fortalecer espacios de diálogo basados en evidencia.